El Estado en condición de Presunto Culpable

José M. Ruiz

Estudiante de licenciatura en Derecho (CIDE)

La libertad de expresión es uno de los temas que ha causado mayor revuelo entre la juventud mexicana a lo largo de las últimas semanas. Primero, con el “caso Aristegui” y ahora por la suspensión otorgada contra la proyección de la película “Presunto Culpable”. En ambos casos, el culpable, señalado por las redes sociales y la población en general, ha sido el Estado.

La película captura uno de los mejores acercamientos a la realidad que se vive día a día en los juzgados de nuestro país. En ella, Roberto Hernández y Layda Negrete resaltan este proceso penal que se distingue por sus formas arcaicas, por involucrar a funcionarios públicos de dudosas capacidades y por presumir la culpabilidad de las personas sujetas a juicio antes de que un juez dicte sentencia condenatoria. Resulta importante destacar que la película resultó un éxito en taquilla, más de 18 millones de pesos recaudados, según lo reportado por fuentes noticiosas en los pasados días.

En este punto, es conveniente destacar que el documental innovó en la forma en que se pueden denunciar las injusticias cometidas dentro del Poder Judicial. Por tal motivo, es sencillo especular que la suspensión provisional, otorgada por la Juez Blanca Lobo, fue un acto de censura por parte del Poder Judicial. Esta idea desencadenó una inmediata reacción de los jóvenes, quienes reclamaron el acto a través de tweets o grupos en Facebook, que atacaban al gobierno y a la juez, que aportaban argumentos en defensa de la proyección de la película o que hacían un llamado a la comunidad para que apoyara la causa. Sobre estas manifestaciones, sería justo cuestionarse si la reacción fue una clara oposición a un abuso de autoridad para acallar una vergonzosa verdad o si la respuesta es un reflejo despertado por eventos anteriores, como el “caso Aristegui”, en otras palabras ¿no estaremos luchando contra molinos de viento pensando que en realidad son temibles gigantes?

La inmediatez con la que se produjo la reacción en la juventud provocó que se señalaran culpables, se emitieran cargos sin fundamentos y que el juez, en este caso, la opinión pública, condenara a los procesados sin pruebas; hechos similares a los que enfrentó Antonio “Toño” Zuñiga durante su calvario en nuestro sistema de justicia. Aquí conviene preguntarse ¿acaso Presunto Culpable es una película mexicana más? Si la respuesta a este cuestionamiento es “sí” sería correcto esperar a que el Trending Topic pase de moda, al igual que otros; sin embargo, si se responde que el documental busca dar a conocer un hecho que lesiona la democracia de nuestro país, que afecta a las personas de bajos recursos, y que procura generar una reacción en la juventud para que busque un cambio en las instituciones fundamentales de nuestro país, entonces, se debe analizar la situación con los mismos principios y valores que la película pretende que utilicemos para criticar el sistema.

El contexto en el que se está desenvolviendo el caso es muy extraño y esconde a muchos actores. En verdad, resulta difícil de creer que Víctor, el testigo que acusa a Toño, haya presentado un amparo tan complicado, sin ayuda de un abogado. Es cierto que Presunto Culpable golpeó muchos puntos débiles de nuestro Estado, y que es razonable esperar una reacción adversa de las autoridades. Pero también, es importante destacar que no debemos guiar nuestro juicio por teorías conspiracionistas, ya que caeríamos en la absurda exageración. En vez de satanizar el acto de la juez, sería útil analizar las posibilidades que el juicio ofrece: actualmente existen grandes lagunas en el Derecho sobre la publicidad del proceso penal y los alcances que dicha publicidad debe tener fuera de los juzgados. De igual forma, la libertad de expresión es un derecho que se ha utilizado para justificar actos de dudosa aceptación social y sobre el que no se han logrado formular argumentos claros sobre sus alcances. Por esta razón, convendría que nuestra Suprema Corte emitiera criterios que ayudaran a identificar los propios límites que este derecho necesita para su correcto ejercicio.

El debate sobre si el acto es un intento de censura, o no, queda sobre la mesa. Pero sin perder de vista que uno es inocente, hasta que se pruebe lo contrario, en caso de que no se acepte este argumento, tal vez sería conveniente disfrutar de otras películas en la cartelera y dejar de lamentar la falta de una opción más. Para concluir conviene afirmar mi convicción hacia una reforma institucional del poder judicial para que éste brinde certeza jurídica a las víctimas y a los acusados; de un cambio en la forma que vemos a los sospechosos acusados de cometer un delito, y mi total apoyo para que Presunto Culpable continúe exhibiéndose en las salas de cine de todo el país.