Caso de Florence Cassez, un llamado de atención al sistema penal mexicano.

Arturo Ugarte

Estudiante de licenciatura en relaciones internacionales (Westhill)

“De no encontrarme cautivo, podría amar a este país, con sus mares lastimeros, con sus campos de maíz”

 Victor Hugo.

Brechas que dividen, brechas que atormentan; palabras que hieren y condenan, escuchar “chin, ya te cargo el payaso” o el “no, pues así no se va a poder” o el “¿cómo nos arreglamos mi joven?”. Así es como funciona el sistema penal mexicano y las brechas son la diferencia que pueden hacer 10 mil pesos para no entrar a la cárcel y comprar la libertad. Un sistema penal mexicano en donde debes comprar la inocencia aparte de demostrarla, donde tu inocencia debe tener unos pesos más que la inocencia del culpable. Un sistema penal corrupto y sucio, que tiene independencia –pues recordemos que el poder judicial tiene autonomía-  pero no la usa para mejorar y diferenciarse de los otros dos poderes.

Un estudio del CIDAC en conjunto con el CIDE acerca del sistema penal mexicano fue lo que hizo posible el documental “presunto culpable”. El estudio desenmascara las prácticas de condenas en los penales. Las estadísticas espantan: 93% de los sentenciados nunca vieron a un juez;   70% de los condenados fue por robo y de esos, el 60% fue por el robo de menos de 500 pesos, cada reo nos cuesta en promedio $100 pesos diarios y hay un exceso de reos en las cárceles, donde en espacios de 6x3m habitan hasta 20 reos. (CIDAC).

Las estadísticas muestran una deficiencia en el sistema penal mexicano que no podemos esconder,  aunque Felipe Calderón quiera hacerlo bajo la imagen de “no nos vamos a dejar de Francia” o haga llamados diplomáticos. La realidad es que en un país bananero –como pareciera ser México- las excusas se anteponen a los resultados. “Es que no presentamos las pruebas de condena a Francia porque defendemos nuestra soberanía (no porque no las tengamos)”. Sin embargo, -como dice José Antonio Crespo- Francia no se puede quejar porque Florence Cassez fue tratada al igual que todos los demás mexicanos que cometen delitos y no se logra comprobar ni su culpabilidad ni su inocencia, y para evitar injusticias, en México, los mandamos a todos por igual a la cárcel a cumplir condenas.

No pudo elegir peor momento México para que se hable del “debido proceso penal” sobre todo con el majestuoso documental “Presunto Culpable” donde se demuestran las deficiencias y el proceso que debe seguir una persona inocente para ser “legalmente” inocente. La pregunta es, ¿qué hacer en el caso de Florence Cassez en donde  se han presentado pruebas de su inocencia y no se han presentado pruebas contundentes de su culpabilidad? ¿Hallar a una persona cerca de una escena del crimen, la convierte en criminal? Si mi amigo es delincuente, ¿me acusarán también a mí de delincuencia organizada? ¿Cómo hacer una investigación real si esta sobrepasa las capacidades del Estado (y sus ganas también)? ¿Qué se necesita para arreglar el conflicto diplomático con Francia, presentar las pruebas del “debido proceso” en contra de Florence Cassez o "montarnos cada quien en su macho" y hacer declaraciones como “hasta donde se tenga que llegar”? como dice José Antonio Crespo, en una democracia eficaz, ¿qué debemos hacer, promover a un servidor público –como Gerardo García Luna- a Secretario de Seguridad Pública por alterar una escena de crimen o investigarlo? –Cabe decir que no quiero tomar partido, pero me gustarían pruebas contundentes-.

Este tipo de preguntas son evadidas por la sociedad que se la ha engañado con un falso nacionalismo. Hoy vemos a periodistas de Televisa –como Carlos Marín- en el programa de “Tercer Grado” usar de referencia histórica a “La Guerra de los Pasteles”. Un sentimiento nacionalista que nos hace escondernos en la bandera, en vez de desmancharla; que nos hace arremeter en contra del embajador francés, en vez de exigir cuentas a García Luna; hablar pestes de Francia, en vez de voltear a ver nuestro sistema penal. Sin embargo, es más barato seguir en esta controversia nacionalista, que hacerle publicidad positiva al presidente Felipe Calderón y aun mucho más barato que revisar nuestro sistema penal.

Una pregunta difícil de contestar es el qué hacer ante esta situación. Muchas personas tienen miedo de la policía, tienen miedo de manifestarse enfrente de un MP, pues es muy fácil que salgan dos policías armados y condenen a todos los manifestantes por delitos inventados. Sin embargo, sí podemos presionar, si podemos reclamar. Y esto es revisar las capacidades del Estado y la rendición de cuentas. Es imposible creer que el Estado no cuenta con un cordón amarillo para delimitar el área del crimen, o que no pueda hacer una investigación veraz, o que no cuente con médicos que puedan hacer autopsias, o que no tenga esa capacidad de investigación, inteligencia y lógica humana elemental. Pero también, debemos explicar el por qué de la urgencia de condenar y sancionar y no hacer investigaciones –que por default tomarán tiempo- y esto responde a la necesidad social de tener personas en la cárcel.

Cuando hay un asesinato, la gente quiere tener a alguien en la cárcel para sentirse protegido. Cuando hay un robo, la gente quiere que una persona sea culpada y condenada, aunque no se tenga la evidencia; sólo falta señalar a alguien como “narcotraficante” para no hacer ni las averiguaciones previas.  Al mismo tiempo, esta presión social cae sobre el gobernante, y él ejercerá una presión sobre el procurador, y éste lo hará sobre los jueces y ministerios públicos, así verticalmente hasta los policías, a los cuales, por debajo del agua, se les recompensará o castigará por el número de detenidos que presenten (para que la sociedad esté contenta). Tal vez por eso es tan común hoy en día ver a personas en la televisión acusadas de múltiples homicidios. Tal vez por eso vemos comerciales como “Persona X” disolvía a sus víctimas en ácido, (pero no se preocupen, ya lo tenemos atrapado). Tal vez por eso, la presidencia de la República sigue con una estrategia de seguridad que atrapa culpables, pero no disminuye el número de ejecutados.

Cuando las personas nos involucremos en los procedimientos de los penales, nos daremos cuenta si de verdad están atrapando a criminales o sólo a “presuntos culpables”. Nos daremos cuenta que la seguridad en México es un negocio muy jugoso. Nos indignaremos con las fallas que hay en nuestro sistema penal. Exigiremos que los procesos sean más abiertos y más transparentes. Presionaríamos no para que haya más reos, sino para que haya menos asesinatos y revisaríamos que el presupuesto sea bien utilizado –para ampliar las capacidades, no para pagar salarios altos-. Aun es impresionante leer el caso de Marisela Escobedo y el asesino de su hija. No defiendo a los jueces que dejaron libre al “presunto asesino”, pero si no se presentan las pruebas necesarias, ¿qué hacer? Por eso la necesidad de involucrarnos, por eso la necesidad de tener capacidad de investigación, pero eso la esperanza de quien habla aquí de que cambie el sistema penal, porque uno nunca sabe si la próxima vez seremos nosotros quienes estemos en esa situación. Tal vez cuando logremos ese grado de participación, cuando Francia le pida a México la extradición de una persona, no nos dará miedo que allá no cumpla su condena, pues tendremos las pruebas necesarias para que sea condenada.